PROPUESTA PARA LA REFORMA DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Por: Andrew R.B. Mercado Vázquez

Es de conocimiento público que la Universidad de Puerto Rico es objeto de un debate nacional que trata, entre otras cosas, sobre el futuro económico y social de Puerto Rico. A nuestro entender, hay dos interrogantes neurálgicas que resumen de manera general el presente conflicto:

1)¿Cómo afectará la actual crisis fiscal a la UPR? 2)¿Podrá la UPR mantener o mejorar su función educativa?

Estoy consciente que estas interrogantes son una extrema simplificación de situaciones sumamente importantes que involucran temas complejos como la administración pública, el derecho constitucional, el derecho laboral, la salud pública, la educación, las finanzas del estado, el derecho tributario aplicable, el desarrollo social, el desarrollo económico, el acceso a la educación, la equidad, entre muchos otros de igual importancia.

Considerando la profundidad intelectual a la que hay que llegar para atender estos temas de manera responsable, quiero aclarar que no voy a ofrecer una panacea que nos cure de todos nuestros males actuales. No obstante, considero que la estructura actual de la UPR debe cambiar para poder lograr ser un motor efectivo de mejoramiento social y económico.

Además de ser confusa y enredada, la estructura organizacional de la UPR no provee un balance efectivo entre la influencia que tiene el gobierno central y la de los distintos sectores de la comunidad universitaria, i.e., estudiantes, docentes y no-docentes.

El resultado es una relación tensa que a menudo se torna tóxica cuando se combina con la influencia partidista que caracteriza nuestro actual sistema de gobierno. Para remediarlo, es necesario reformar la estructura administrativa de la UPR y crear un nuevo flujo de poder que opere de manera sencilla, eficiente y democrática.

Aclaro que no ostento tener todas las contestaciones a todos los problemas que sufre nuestra UPR. Puede que mi propuesta no sea perfecta, y hasta tenga fallos; pero me siento compelido a compartirlo porque creo firmemente en el efecto agregado que tienen las acciones de los individuos cuando la meta es el bien colectivo.

Todos debemos aportar a los esfuerzos, por mas pequeña que sea nuestra contribución. Después de todo, una playa se forma de grano en grano. Aquí les dejo el mío.

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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UPR

Actualmente, la UPR opera a base de un sistema administrativo organizado de manera jerárquica. Para facilitar la discusión, primero describiremos la estructura del gobierno central de la UPR y luego a nivel de recinto. Nuestra fuente será la Ley Núm. 1 del año 1966, según enmendada, conocida como Ley de la Universidad de Puerto Rico (en adelante Ley de la UPR).

GOBIERNO CENTRAL DE LA UPR EN LA ACTUALIDAD

1. Junta de Gobierno de la UPR → Está compuesto por 13 miembros, de los cuales 9 son nombrados por el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Es la máxima autoridad dentro de la UPR. Entre sus funciones está la habilidad de aprobar o enmendar el Reglamento General de la Universidad, el Reglamento General de Estudiantes, el Reglamento de Estudiantes de cada recinto, el Reglamento del Sistema de Retiro y cualquier otro reglamento de aplicación general

2. Presidente de la UPR → Es nombrado por la Junta de Gobierno de la UPR. Es el director del sistema universitario y y responsable por el cumplimiento de los objetivos, normas reglamentos y planes presupuestarios y de desarrollo de la Universidad. Es el representante oficial de la UPR.

3. Junta Universitaria → Está compuesta por: a) el Presidente de la UPR, b) el Director de Finanzas, c) los Rectores de los recintos (11 en total), d) los Representantes Claustrales de los recintos (11 en total), e) los Representantes Estudiantiles de los recintos (11 en total), y f) tres funcionarios adicionales en número igual a la representación de los Senados y a la representación estudiantil.

La función esencial de la Junta Universitaria es mantener integrado el sistema universitario, respecto a su planificación de conjunto y asesorará al Presidente en la coordinación de la marcha de las diferentes unidades institucionales en sus aspectos académicos, administrativos y financieros.

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GOBIERNO DE LOS RECINTOS DE LA UPR EN LA ACTUALIDAD

4. Rector → Es nominado por el presidente y nombrado por la Junta de Gobierno. Ejerce la autoridad administrativa y académica dentro del ámbito de su respectivo recinto.

5. Junta Administrativa → Está compuesta por: a) el Rector del recinto, b) los Decanos de Asuntos Académicos, c) los Decanos de Asuntos Estudiantiles, d) los Decanos de Asuntos Administrativos, e) los Decanos de Facultad, f) cuatro Directores de Departamentos Académicos, g) dos miembros del Senado Académico, y h) un estudiante electo anualmente por sus pares.

La Junta Administrativa tiene la función de asesorar al Rector, elaborar proyectos y planes para el recinto, considerar el proyecto de presupuesto sometido por el Rector y manejar los asuntos relacionados al personal técnico y docente de conformidad con el Reglamento General de la UPR.

6. Senado Académico → Es compuesto por: a) El Rector del recinto, b) los Decanos del recinto, c) el Director de la Biblioteca del recinto, y d) representantes elegidos por el claustro correspondiente de entre sus miembros que tengan permanencia.

El Senado Académico se considera como el foro oficial de la comunidad académica para la discusión de los problemas generales que interesen a la marcha de la Universidad y para los asuntos en que tiene jurisdicción.

7. El Claustro → Queda compuesto por el Rector del recinto junto con miembros del personal docente, y está dividido en colegios o facultades, según la organización que apruebe la Junta de Gobierno. El Reglamento General de la Universidad determina lo relativo al ejercicio de las funciones, atribuciones y prerrogativas del claustro, así como los deberes y derechos de cada claustral.

8. Consejo General de Estudiantes → Queda compuesto por miembros de las directivas de los consejos de estudiantes de cada facultad. En general, su función consiste en recoger la opinión en torno a los problemas con que se confrontan los estudiantes y canalizar su contribución de ideas e iniciativas para garantizar y propiciar – en todo momento – un ambiente propicio para el aprovechamiento académico en la Universidad. Como podemos observar, la influencia que gozan los estudiantes, los docentes y los nodocentes en la administración de la UPR es sumamente limitada.

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REFORMA DE A LA UPR

Debemos resaltar que somos de la opinión que la UPR debe mantenerse como una instrumentalidad pública. No consideramos que la privatización sea un remedio adecuado para nuestra universidad. No obstante, la condición de “pública” por sí sola no es suficiente para propiciar el cumplimiento exitoso de sus deberes educativos.

Entendemos que se requiere la implementación de ciertas estructuras que operen a base de un acuerdo democráticamente redactado considerando los sectores más relevantes. Entendemos que esto se puede lograr mediante la figura del fideicomiso y empleando el derecho cooperativo en el desarrollo de un nuevo modelo administrativo.

FIDEICOMISO DE FINES PÚBLICOS

La Ley Núm. 219 del año 2012, conocida como la Ley de Fideicomisos (en adelante Ley 219) representó un cambio importante en ordenamiento puertorriqueño. Además de derogar los artículos 834 a 874 del Código Civil de Puerto Rico, define la figura del fideicomiso de fines públicos y resalta su función social.

Como cualquier otro fideicomiso, un fideicomiso de fines públicos (en adelante FFP) tiene tres interventores básicos: el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario. Un fideicomiso se crea cuando un fideicomitente se desprende de unos bienes o derechos, formando un patrimonio autónomo.

Dichos bienes son manejados por un fiduciario para un propósito particular o a beneficio de un fideicomisario. La manera en que se administrará el fideicomiso por parte del fiduciario queda establecido en el acto constitutivo del fideicomiso.

Ahora bien, a diferencia de un fideicomiso ordinario, los artículos 63, 64 y 65 de la Ley 219 aclaran que un FFP queda restringido por el hecho que su constitución debe ser para fines públicos. Según el Art. 65 de la antes citada ley, fines públicos son:

a) el alivio de la pobreza, b) la promoción de la educación, de la religión o de la salud, c) los propósitos gubernamentales o municipales, tales como la erección y mantenimiento de monumentos, estatuas, parques públicos y otros análogos, y d) cualquier otro fin cuyo logro sea de beneficio para la comunidad en general, particularmente los que tengan fines filantrópicos, culturales, religiosos o científicos.

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Sin lugar a duda, nuestra universidad cumple con la mayoría de los fines públicos que contempla la ley. Al ser así, bajo la figura del FFP, la administración de la UPR tendría que llevarse a cabo con estos fines en mente.

La misma, nos parece, es la gran oportunidad que ofrece la figura del FFP en el caso de la reforma de la UPR ya que, mediante su acto constitutivo, se lograría fijar una estructura que respete y sea guiado con el fin de maximizar los beneficios públicos que ofrece.

Por otro lado, el proceso de redactar el acto constitutivo del fideicomiso de la UPR podría ofrecer un espacio para construir un plan a largo plazo, considerando la comunidad universitaria y todos aquellos sectores que tienen un interés en el desarrollo exitoso de la UPR.

Esto no es poca cosa, ya que, por primera vez, el proceso podría abrirse a ciudadanía en general mediante un proceso similar a una Asamblea Constituyente para redactar una Constitución Universitaria.

Esta oportunidad sería única y permitiría, mediante un proceso abierto y democrático, la formación de un nuevo paradigma universitario que disponga de manera diáfana los limites de poder del estado para lograr la autonomía universitaria.

Esto es importante ya que según la Ley de la UPR, supra, una de los principios fundamentales en el funcionamiento de la UPR es su autonomía. De hecho, al describir las facultades y deberes de la Junta de Gobierno, el artículo 3(G) de dicha ley dispone lo siguiente:

La Junta formulará las directrices que regirán la orientación y el desarrollo de la Universidad, examinará y aprobará las normas generales de funcionamiento propuestas por los organismos legislativos y administrativos de ésta, de conformidad con la presente Ley, y supervisará el funcionamiento de la institución. La Junta representará el interés público en la Universidad, velando siempre por la protección de la Universidad contra intereses político partidistas, o cualquier otro interés, que menoscabe su autonomía, contra tendencias anti intelectuales que se manifiesten en contra de la libertad académica, la promoción de la conciencia crítica y el desarrollo pleno de las virtudes del estudiantado. (énfasis nuestro)

Como podemos observar, es de tan alta importancia la autonomía de la UPR para su desarrollo exitoso, que la misma Junta de Gobierno tiene un mandato en ley de velar “…por la protección de la Universidad contra intereses político partidistas, o cualquier otro interés, que menoscabe su autonomía…”, supra. No obstante, consideramos que la estructura organizacional actual de la UPR sirve como piedra de tropiezo en el camino de lograr tan valioso objetivo.

A nuestro entender, el problema principal es que el gobierno estatal ejerce un control excesivo en la formación en la Junta de Gobierno de la UPR al nombrar la mayoría de sus miembros. Éste único hecho tiene repercusiones graves en la administración de la UPR ya que la Junta de Gobierno tiene amplias facultades en ley para el desarrollo y administración de la UPR. El Art. 3(H) enumera los deberes y atribuciones de dicho cuerpo:

(1) Aprobar el plan de desarrollo integral de la Universidad y revisarlo anualmente.

(2) Autorizar la creación, modificación y reorganización de recintos, centros y otras unidades institucionales universitarias; de colegios, escuelas, facultades, departamentos y dependencias de la Universidad, pero no podrá privatizar, enajenar ni abolir las unidades institucionales autónomas existentes al momento de aprobarse esta ley, sin previa autorización de Ley.

(3) Disponer sobre la creación y la eliminación de cargos de funcionarios auxiliares del Presidente de la Universidad.

(4) Autorizar la creación y eliminación de cargos de decanos que no presidan facultades.

(5) Aprobar o enmendar el Reglamento General de la Universidad, el Reglamento General de Estudiantes, el Reglamento de Estudiantes de cada recinto, el Reglamento del Sistema de Retiro y cualquier otro reglamento de aplicación general, sujeto a las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada.

(6) Resolver las apelaciones que se interpusieren contra las decisiones del Presidente, de la Junta Universitaria y de la Junta de Apelaciones del personal técnico administrativo en el sistema universitario.

(7) Nombrar, en consulta con los senados académicos u organismos equivalentes de las respectivas unidades, al Presidente de la Universidad, a los rectores de los recintos universitarios y de cualquiera otra unidad autónoma que se cree dentro del sistema universitario y que por su condición la Junta de Gobierno determine que debe ser dirigida por un Rector.

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Tales funcionarios ocuparán sus cargos a voluntad de la Junta. La Junta de Gobierno deberá evaluar la labor de cada uno de los mencionados funcionarios en cada término no menor de dos (2) años, ni mayor de cuatro (4) años de la incumbencia de éstos. La referida evaluación será por escrito, discutida con cada incumbente y formará parte del archivo correspondiente de la Junta de Gobierno.

(8) Aprobar el nombramiento del Director de Finanzas de la Universidad de Puerto Rico.

(9) Considerar y aprobar el proyecto de presupuesto del sistema universitario que someta el Presidente anualmente, aprobar y mantener un sistema uniforme de contabilidad y auditoría para el uso de los fondos de la Universidad conforme a la ley y los reglamentos. Cuando a la terminación de un año económico no se hubiese aprobado el presupuesto de la Universidad correspondiente al año siguiente en la forma dispuesta en la Ley de la Universidad de Puerto Rico, regirá el presupuesto que estuviere en vigor durante el año anterior.

(10) Rendir anualmente al Gobernador y a la Asamblea Legislativa un informe acerca de sus gestiones y del estado y finanzas de la Universidad.

(11) Adoptar normas respecto a los derechos y deberes del personal universitario, y fijar sueldos y emolumentos a los funcionarios de la Universidad nombrados por la propia Junta de Gobierno.

(12) Crear y otorgar distinciones académicas por su propia iniciativa o a propuestas de los senados académicos.

(13) Establecer el procedimiento para la sustitución temporal de funcionarios universitarios.

(14) Adoptar un reglamento interno.

(15) Mantener un plan de seguro médico y un sistema de pensiones para todo el personal universitario, el cual incluirá un plan de préstamos sin interponerse a los poderes de la Junta de Retiro.

(16) Organizar su oficina, nombrar su personal y contratar los servicios de los peritos, asesores y técnicos necesarios para ejercer las facultades establecidas en esta Ley y hacer las asignaciones necesarias a tales fines. El personal de carrera de la actual Junta de Síndicos será transferido a la nueva Junta de Gobierno, y conservará todos los derechos, privilegios y obligaciones adquiridos.

(17) Establecer normas generales para la concesión de becas y cualquier otra ayuda económica en el sistema universitario público.

(18) Elaborar mecanismos que conduzcan a la mejor transición entre los programas de las escuelas superiores del país, especialmente las públicas, y los programas de la Universidad, de manera que los alumnos y las alumnas del país se formen en un ambiente conducente a la formación universitaria.

(19) Autorizar la creación de corporaciones subsidiarias o afiliadas para ofrecer servicios a la comunidad universitaria y al pueblo de Puerto Rico.

(20) Atender cabalmente los requerimientos de las entidades acreditadoras, las regionales y las propias, entre ellas, el Consejo de Educación de Puerto Rico la “Middle States Commission on Higher Education”, y las que ofrecen acreditaciones profesionales particulares.

(21) Atender cabalmente los requerimientos de entidades e instrumentalidades públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o del gobierno de los Estados Unidos de América que puedan otorgar fondos a la Universidad o darle asistencia para el desarrollo de programas.

(22) Asegurar que la Universidad de Puerto Rico sirva de fuerza vinculante entre nuestro país y el resto del mundo.

(23) Promover, a tenor con las prácticas aceptadas en las mejores instituciones universitarias del mundo, la sostenida vinculación de los egresados de la Universidad con su Alma Mater, procurándose, como fruto de esta vinculación, los debidos respaldos económicos para la Institución.

(24) Velar por el sano mantenimiento y la actualización de las infraestructuras universitarias, tanto constructivas como tecnológicas, prestando particular atención al patrimonio arquitectónico del cual es depositaria.

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A ver, ¿dónde está el espacio para que aflore la autonomía universitaria? Si nueve (9) de los trece (13) miembros de la Junta de Gobierno de la UPR son individuos nombrados por el Gobernador de Puerto Rico, ¿es razonable suponer que quedan expuestos a influencias del gobierno estatal?

El resultado es que el estado tiene un poder abrumador en el manejo de dicha institución.

A nuestro entender, esto no solo atenta contra la autonomía universitaria, sino que también representa un obstáculo al pleno desarrollo académico de la institución ya que la UPR se expone a ser utilizada como herramienta de patronato político para favorecer ciertos sectores. Es por esto que consideramos necesario una reforma del sistema UPR, y consideramos que el FFP representa una opción viable.

Actualmente nuestro ordenamiento cuenta con varios ejemplos de fideicomisos que pueden servir como ejemplo de los distintos niveles de especificidad que puede llegar un acto constitutivo.

Resaltamos la Ley Núm. 214 del año 2004, que crea el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. Aunque dicha legislación antecede la Ley 219, supra, nos sirve como ejemplo ilustrativo de la flexibilidad que ofrece dicha figura.

Por otro lado, la Ley Núm. 489 del año 2004, conocida como Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña, crea el Fideicomiso de Tierra del Caño Martín Peña como custodio de los terrenos ubicados en dicho lugar.

Aunque hay varios otros fideicomisos que podríamos mencionar, nuestro propósito es mas bien demostrar que, no tan solo es el fideicomiso una figura viable para encaminar proyectos sociales a gran escala, sino que también ofrece una flexibilidad notable en su administración diaria. Esto último podría permitir que la comunidad universitaria pueda afirmar su capacidad en la administración de la UPR.

Por último, entendemos razonable presumir que en algún momento podría surgir la necesidad de enmendar la Constitución Universitaria para que ésta refleje el dinamismo que caracteriza la nuestra sociedad; lo contrario sería condenar a la Universidad a un inevitable estancamiento al no poder adaptarse a los tiempos. Con esto en mente, es menester que se desarrolle un proceso democrático que pueda garantizar la participación ciudadana en todo momento.

Sugerimos que en caso que se presente alguna propuesta de enmienda a la Constitución Universitaria, la misma tendría que ser aprobada mediante sufragio universal. Ahora bien, lo realmente importante sería determinar cual de los distintos cuerpos gubernamentales, infra, tendría la facultad de acoger una enmienda para luego ser aprobada o rechazada mediante sufragio universal.

En cuanto a este tema, somos de la opinión que la propuesta debería ser presentada en primer lugar ante la Junta de Rectores (descrita más adelante), y en caso de que ésta no la acepte, ante la Asamblea Universitaria (descrita más adelante).

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En el evento que alguno de los dos cuerpos dé el visto bueno a la enmienda, pasa a ser considerada por el pueblo de Puerto Rico; de lo contrario, no se considera. Claro es, hay varios detalles que faltan para completar este importantísimo proceso, pero por ahora basta describir la idea general.

POSIBILIDAD DE CLASIFICAR A LA UPR COMO UNA ORGANIZACIÓN EXENTA EN CUANTO A CONTRIBUCIONES FEDERALES BAJO LA SECCIÓN 501(c)(3) DEL CÓDIGO DE RENTAS INTERNAS DE ESTADOS UNIDOS

Aunque el presente escrito no es el lugar para describir de manera exhaustiva todas los requisitos relacionados al siguiente tema, nos parece importante presentarlo de manera general ya que podría ser beneficiosa su aplicación en este caso.

Claro, no es factible determinar con precisión si el FFP que proponemos pueda contar con una exención contributiva a nivel federal, pero la importancia del tema nos mueve presentarlo, aunque sea a vuelo de pájaro.

No obstante, es necesario aclarar que el Art. 12(F) de la Ley de la UPR exime a dicha institución de todo pago contributivo a nivel estatal. Por ende, nuestro enfoque es la exención a nivel federal y los donativos que esto puede atraer.

A grandes rasgos, la sección 501(c)(3) del Código de Rentas Internas de Estados Unidos dispone que aquellas organizaciones sin ánimos de lucro que operen para ciertos fines caritativos podrían estar exentas de contribuciones. Dichos fines caritativos (en inglés “exempt purposes”) son varios, entre los cuales se encuentran los educativos, los religiosos, los culturales, entre muchos otros.

Otro requisito es que el ente solicitante debe ser una persona jurídica debidamente formada; ya sea como fideicomiso, corporación o asociación. Uno de los principales beneficios de lograr ser clasificado como una organización exenta bajo la sección 501(c)(3), supra, es “… la posibilidad de recibir fondos de agencias o programas federales y donaciones “grants” de fundaciones.

De hecho, la gran mayoría de las fundaciones que otorgan fondos solo lo hacen a entidades exentas.”. El hecho que las donaciones hechas pueden ser deducidas puede servir como un incentivo fuerte para que la industria privada aporte a la estabilidad económica de la UPR.

No obstante, aclaramos que una investigación legal y financiera es vital ya que, considerando que sería un ente público, se requiere determinar cual subdivisión de la sección 509(a) de dicho código, que es la que toca el tema de los entes públicos, y por ende describe adecuadamente el FFP que hemos propuesto.

Como mencionamos al principio, este escrito no ofrece el espacio necesario para explorar todos los elementos de este tema, pero su importancia nos motiva a presentarla para que se discuta en detalle en un foro más apropiado.

Por último, resaltamos que es importante que las donaciones recibidas no sirvan como un subterfugio para que los sectores mas pudientes del país generen influencia en los quehaceres de la Universidad.

Poca imaginación es requerida para visualizar el poder que puede ejercer un “donante imprescindible” sobre una institución que dependa de su benevolencia. Es por esto que nos parece adecuado que se observen una serie de límites en las cantidades que pueda aportar una persona durante cierto tiempo para así preservar, dentro de lo posible, la tan valiosa autonomía universitaria.

EL DERECHO COOPERATIVO

Actualmente los Recintos de la UPR quedan sujetos a los poderes de la Junta de Gobierno de la UPR. El Art. 3(H)(2) de la Ley de la UPR expresa que la Junta de Gobierno podrá “autorizar la creación, modificación y reorganización de recintos, centros y otras unidades institucionales universitarias; de colegios, escuelas, facultades, departamentos y dependencias de la Universidad…”.

En términos claros, los Recintos no tienen una autonomía propia que puedan usar para su pleno desarrollo. Aunque consideramos adecuada cierto nivel de deferencia por parte de los Recintos hacia el gobierno central de la UPR (especialmente en temas fiscales), entendemos que deben gozar de un nivel de autonomía administrativa democráticamente establecida. Eso es lo que ofrece el derecho cooperativo.

El derecho cooperativo se basa en siete principios fundamentales: 1)adhesión libre y voluntaria; 2)control democrático por parte de los socios; 3)participación económica de los socios; 4)autonomía e independencia; 5)educación, capacitación e información; 6)cooperación entre cooperativas y 7)responsabilidad social. Como podemos observar, estos principios reflejan gran paridad con los objetivos de la Universidad de Puerto Rico esbozados en los incisos “A” y “B” del artículo 2 de la Ley de la UPR:

A. La Universidad, como órgano de la educación superior, por su obligación de servicio al pueblo de Puerto Rico y por su debida fidelidad a los ideales de una sociedad integralmente democrática, tiene como misión esencial alcanzar los siguientes objetivos, con los cuales es consustancial la más amplia libertad de cátedra y de investigación científica:

(1) Transmitir e incrementar el saber por medio de las ciencias y de las artes, poniéndolo al servicio de la comunidad a través de la acción de sus profesores, investigadores, estudiantes y egresados. (2) Contribuir al cultivo y disfrute de los valores éticos y estéticos de la cultura.

B. En el cumplimiento leal de su misión, la Universidad deberá:

(1) Cultivar el amor al conocimiento como vía de libertad a través de la búsqueda y discusión de la verdad, en actitud de respeto al diálogo creador. (2) Conservar, enriquecer y difundir los valores culturales del pueblo puertorriqueño y fortalecer la conciencia de su unidad en la común empresa de resolver democráticamente sus problemas. (3) Procurar la formación plena del estudiante, en vista a su responsabilidad como servidor de la comunidad. (4) Desarrollar a plenitud la riqueza intelectual y espiritual latente en nuestro pueblo, a fin de que los valores de la inteligencia y del espíritu de las personalidades excepcionales que surgen de todos sus sectores sociales, especialmente los menos favorecidos en recursos económicos, puedan ponerse al servicio de la sociedad puertorriqueña. (5) Colaborar con otros organismos, dentro de las esferas de acción que le son propias, en el estudio de los problemas de Puerto Rico. (6) Tener presente que por su carácter de Universidad y por su identificación con los ideales de vida de Puerto Rico, ella está esencialmente vinculada a los valores e intereses de toda comunidad democrática.

En el caso específico de Puerto Rico, el Art. 3.1 de la Ley Núm. 239 del año 2004, conocida como Ley General de Sociedades Cooperativas (en adelante Ley de Coops), adopta de manera íntegra los antes enumerados principios fundamentales; de manera que nuestro derecho cooperativo los reconoce como elementos esenciales en todo esfuerzo cooperativo.

Claro, hay otras disposiciones importantes en la Ley de Coops que son relevantes, como la autonomía de las cooperativas, la personalidad jurídica de las cooperativas, la constitución y reconocimiento de las cooperativas, entre otros, que controlan la formación adecuada de una entidad cooperativa. No obstante, en el caso de nuestra propuesta, la Ley de Coops serviría como una guía suplementaria y no como una legislación vinculante. Esto, ya que dicha ley, en su Art. 3.0, define a las cooperativas como “…personas jurídicas privadas de interés social…”, y no parece tener cabida para para entidades públicas.

Para superar este obstáculo, proponemos la creación de una nueva clase de corporación pública que adopte el derecho cooperativo de manera vinculante y expresa: la Cooperativa Pública. De esta manera, se logra por un lado mantener el carácter público que debe observarse en los quehaceres de la UPR, mientras se logra insertar mecanismos democráticos en la administración de los recintos.

Obviamente, se tendrá que refinar los detalles del andamiaje sobre el cual se construirán los órganos democráticos, administrativos y ejecutivos que se encargarán de la formación y evolución del sistema universitario, incluyendo los recintos. Aún así, nos parece preciso ofrecer un ejemplo básico de lo que podría ser el modelo de gobierno de la Universidad de Puerto Rico.

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ESQUEMA DE GOBIERNO PROPUESTO

Primeramente, sugerimos la creación de una Asamblea de Facultad, compuesta por el estudiantado de la facultad en cuestión para que, mediante un proceso de sufragio, elija un decano para su facultad que apoye una agenda que represente sus deseos como comunidad.

Juntos, el Decano y la Asamblea de Facultad tendrán el encargo de administrar a la facultad con el fin de maximizar el beneficio para el estudiantado. A la vez, el Decano será miembro de una Junta de Decanos, quien será el ente administrador del recinto en cuestión, observando como objetivo la maximización del beneficio para el estudiantado.

La Junta de Decanos ejercerá este encargo junto con una Asamblea de Recinto compuesta por el estudiantado del recinto en cuestión. Entre los deberes de la Asamblea de Recinto se encontraría la de elegir a un Rector que apoye una agenda que represente sus deseos como comunidad.

El Rector electo formará parte de la Junta de Rectores y tendrá el deber de velar por la maximización de beneficios para el estudiantado de su recinto. El propósito de la Junta de Rectores será el manejo efectivo y beneficioso del Fideicomiso de Fines Públicos de la UPR. La Junta de Rectores ejercerá este encargo junto a una Asamblea Universitaria compuesta por el estudiantado de todos los recintos, cuya convocación sería reservada para ciertos actos específicos y de alta importancia.

Por último resaltamos que la Constitución Universitaria debería describir en particular los asuntos más importantes que le correspondan a los distintos órganos de gobierno antes descritos. No tanto con el propósito de enumerar de manera minuciosa cada responsabilidad e injerencia, sino más bien establecer sus funciones más importantes y describir la distribución de poderes de manera que se observe una interdependencia entre ellas, evitando así la concentración indebida de poder.

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CONCLUSIÓN
Ciertamente la situación que atraviesa nuestra Universidad es lamentable y frustrante. Somos muchos los que nos gustaría ver abrir sus portones nuevamente. Hubiera sido extraordinario ver a la universidad reformarse sin la necesidad de una crisis económica como motivación. Pero lo perfecto no puede ser enemigo de lo necesario. Si la universidad está cerrada, que sea para servirnos mejor cuando vuelva a abrir.

¡No desperdiciemos la crisis, aprovechémosla!


11094692_10153154011707778_7691854072593175561_nAndrew R.B. Mercado Vázquez, nació en el municipio de Caguas, Puerto Rico, hacia el año 1989. Este joven puertorriqueño, preside el Intellectual Property Student Association y desde 2013 es miembro del Golden Key International Honor Society.

Al momento es candidato al grado de  Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Mercado Vázquez se especializa en los campos de: 1) Propiedad intelectual, 2) Ley constitucional, 3) Ley internacional Derecho Corporativo.

Asimismo consta de un bachillerato en Teatro de la Universidad del Sagrado Corazón y un grado menor en Música del Conservatorio de Música de Puerto Rico.

Por otra parte, es colaborador de la página web: researchgate.net. Pueden buscar y encontrar sus colaboraciones en dicha plataforma haciendo clic aquí.

Fotos por: C.F.E.